El hombre, de Ramos Mejía, perdió su trabajo durante la pandemia y comenzó a trabajar como chofer de Uber, donde conoció al abogado que lo representa en su cruzada legal contra China y la OMS

Casi no quedan rincones del planeta donde la pandemia del Covid-19 no se haya hecho presente. La aparición del virus afectó no sólo la salud de cientos de millones de personas alrededor del mundo, sino también perjudicó su vida social, laboral y económica.

Uno de los tantos casos es el del argentino Matías Bergalli, de 39 años, quien trabajaba como mozo en un hotel ubicado en el centro porteño hasta que el derrumbe del turismo obligó a la empresa a recortar puestos de trabajo, dejándolo sin ingresos para mantener a sus cuatro hijos, de 3, 4, 9 y 18 años.

Este hombre de Ramos Mejía, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y, tras contagiarse de coronavirus en marzo de este año, decidió llevar su caso a la Justicia, demandando al Estado chino por 200.000 dólares a raíz de los daños que el virus causó en él y su familia.

“Me contagié a mediados de marzo de este año, supuestamente por mi sobrino ya que su maestra era asintomática y seguía dando clases como si nada pasara. Dos días después arranqué con mucho dolor de piernas y caderas”, contó a Infobae. Y siguió: “Me fui a trabajar y a las dos horas me empecé a sentir con el cuerpo muy cansado. Se me cerraban los ojos como si no hubiera dormido desde hacía dos días”, recordó. Finalmente, confirmó que los síntomas correspondían a un Covid positivo. Luego, siguieron 15 días de dificultades en su salud: “Tenían que internarme pero preferí quedarme en casa”, comentó.

Tras quedarse sin trabajo, comenzó a trabajar como chofer de Uber. Fue allí donde conoció a su futuro abogado, quien lo representaría en su demanda contra el gobierno de Xi Jinping. La denuncia es contra la República Popular China, en cabeza de su presidente Xi Jinping y su Gabinete de Gobierno; y la Organización Mundial de la Salud, en cabeza de su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos tercero, que se refiere al derecho a la vida, y quinto, al derecho a la integridad personal.

Su abogado, Patricio Poplavsky detalló que demanda “daños materiales”, como la pérdida de ingresos, gastos médicos y los gastos de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la falta de investigación; y “daños morales”, como estar aislado y alejado de seres queridos, con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, angustia, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia a raíz del contagio. Además, el letrado estima que “en un plazo de cinco años pueden haber resultados finales”.

Sobre cuánto dinero espera cobrar, el abogado asegura que los familiares de las víctimas fallecidas por coronavirus podrían cobrar aproximadamente US$ 1.000.000; entre USD 500.000 a USD 700.000 las personas que estuvieron internadas o con mayores complicaciones, y USD 200.000 los afectados que transcurrieron la enfermedad con síntomas más leves, como es el caso de Matías Bergalli.

¿Es viable hacerle juicio a China?

En una reciente columna de opinión, el abogado e investigador de la UBA, Tomás Mariano Guisado Litterio, explicó: “Una pandemia, en principio, es un hecho de la naturaleza que no puede imputársele a nadie. Sin embargo, en este caso concreto, ha habido denuncias de que el Gobierno chino, en una etapa temprana del brote del Covid-19, habría ocultado información que podría haber sido fundamental para que el mundo se prepara con mayor anticipación a la enfermedad”.

“Presuntamente, con esta información, podrían haberse evitado incalculables daños económicos y salvado incontables vidas. Hay quienes llegan a sostener que el Covid-19 no habría sido más que un foco infeccioso localizado si las autoridades chinas se hubieran comportado de otra manera”, completó el abogado.

“Ahora bien, ¿habría violado China alguna norma internacional si se comprobara que efectivamente ocultó información sobre el brote y la propagación de COVID-19? La respuesta es sí”, agrega.

Y cierra: “Dentro del marco jurídico de la OMS, se destaca el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). El RSI es un instrumento muy particular, dado que no es un tratado, pero es legalmente vinculante como si lo fuese. (…) De acuerdo con el RSI, los Estados tienen la obligación de notificar a la OMS en menos de 24 horas cuando identifican eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional”.