La expropiación de este grupo de empresas se diferencia de otras previas ya que se encuentra en concurso de acreedores. Actualmente, la Justicia de Reconquista ya verificó deudas por 1300 millones de dólares, a los que podrían sumarse hasta 200 millones de dólares más por los honorarios de los abogados de los acreedores.
El periodista Diego Cabot explicó esta mañana en La Nación: “Lo primero que hay que definir es qué es lo que se va a expropiar. Es decir, definir el objeto expropiable . En este caso, todo parece indicar, aunque nadie en el Gobierno se mete por ahora en estos detalles, que serán las acciones. Ahora bien, podrían expropiarse algunos activos que se consideran necesarios para atender la proclamada emergencia alimentaria y no todo el paquete. Pero a poco de andar los redactores de las normas van a reparar en que los activos no podrán tocarse, ya que están dentro de un proceso, el concurso preventivo, que los protege para luego pagar a los acreedores que acuden como peregrinos a verificar sus créditos”.
Sin la posibilidad de poder expropiar bienes, solo queda ir por la expropiación de las acciones a los dueños.
El periodista, continuó: “Al quedarse con las acciones, el Estado -vale repetir el Estado y no el Gobierno- tomará los derechos, pero también las obligaciones. Dicho de otra manera, los activos y los pasivos, o los créditos y las deudas. Será, entonces, el titular del concurso de acreedores. Allí lo espera un listado de 61 páginas de deudores, entre ellos 16 bancos, entre los que están el Nación ($18.182 millones), el bonaerense ($1814 millones) y varios privados”.
En este punto, es importante destacar que, entre los acreedores, se encuentran no sólo el Banco Nación, sino organismos financieros internacionales como el brazo financiero para privados del Banco Mundial, llamada Corporación Financiera Internacional, a la que se le deben $16.504 millones. Además, está en tercer lugar, con $9228 millones, es la Netherlandse Financiering, un banco de desarrollo holandés. El financiamiento, por US$150 millones, se entregó en junio pasado y está garantizado por una cesión de derechos de cobro de contratos de exportaciones de granos.
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