Nota extraída de Clarín por Eduardo Van derKooy

El juicio por la obra pública se acerca a un momento clave: el pedido de penas que haga el fiscal. No es una instancia definitiva. Pero tendrá gran impacto político. Se repiten los embates de la política contra investigaciones de corrupción.

Cristina Kirchner. La marcha de la Economía y sus causas judiciales, un combo que podría resultar políticamente explosivo.

Existen dos procesos que se desarrollan de manera casi simultánea e inquietan muchísimo a Cristina Fernández. Uno tiene que ver con la crisis interna en el Gobierno que reconoce como eje la situación económico-social y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El otro, el progreso del juicio oral por la adjudicación de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez. Está acusada de asociación ilícita y defraudación en perjuicio del Estado. Lo sustancia el Tribunal Oral Federal 2.

Aquella preocupación de la vicepresidenta se origina en una posible convergencia de los tiempos. El kirchnerismo presume que la situación con Alberto Fernández podría agravarse en los meses venideros en la medida, sobre todo, que la inflación atente contra cualquier esquema distributivo. El fiscal federal Diego Luciani tendrá lista para antes o inmediatamente después de la feria judicial de invierno la acusación y la solicitud de penas por la causa de corrupción mencionada. Una combinación que podría resultar políticamente explosiva.

El fiscal logró ordenar cantidad de pruebas que comprometen a los principales acusados. Entre ellos, Cristina. Se verificaron, por ejemplo, adelantos financieros para la realización de obras que el empresario K nunca terminó de realizar. Dos cosas, sobre el final, entre muchas, sumaron a la investigación de Luciani. El informe de un ingeniero de Vialidad Nacional que data del 2019 con una pormenorizada descripción de irregularidades. Objetado, claro, por la defensa. Ciertos baches que habría dejado además la declaración en febrero pasado, como testigo, del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Ahora el Presidente.

El fiscal habría calibrado algunas contradicciones en ese testimonio. En numerosas declaraciones periodísticas Alberto se encargó de señalar, una vez que renunció en el 2009 al Gobierno de Cristina, su escaso conocimiento sobre Báez. Decía haberlo visto solo ocasionalmente de manera personal. Tales antecedentes parecieron contraponerse con la inviolable seguridad que demostró en su testimonio para desligar a Cristina de cualquier manipulación en torno a la obra pública.

Hubo otra cuestión puntual. Palabras del propio Alberto en 2016 luego del escándalo de los bolsos con millones de José López, el ex secretario de Obras Públicas, lanzados dentro de un convento. Alberto sostuvo entonces, en declaraciones radiales, que se trataba de un “hecho bochornoso”. Explicó que cuando se alejó del Gobierno aconsejó a Cristina reformular el Gabinete. Textual: “Oxigenar su gobierno era prestar atención a lo que estaba pasando en la obra pública”. Es verdad que esa mención apuntaba al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, con quien siempre estuvo enfrentado. Claro que el arquitecto era el nexo con Báez que solía instrumentar López.

Aquello que resuelva el fiscal Luciani no será definitivo ni tendrá consecuencias inmediatas. Pero el impacto resultará inocultable. La palabra final dependerá del TOF2, a cargo del juicio. Antes de todo eso estarán los alegatos de las trece defensas que toman parte. Puede existir la presentación de recursos y, por ende, demoras. Ninguna novedad habría antes de fin de año. Luego sucederá la revisión de Cámara y hasta la posible intervención de la Corte Suprema. Pero la sola posibilidad de un pedido de condena público estremece a la vicepresidenta.

No se trata del único movimiento en el Poder Judicial vinculado a las causas de corrupción. La Sala I de la Cámara de Casación anunció la semana pasada que inició la revisión del sobreseimiento de Cristina, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Báez y Cristóbal López por el delito de lavado de dinero en la causa Los Sauces-Hotesur. Lo había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5. De esa manera inusual dejó sin efecto la realización del juicio.

Ese fallo resultó dividido. Daniel Obligado y Adrián Grunberg de un lado y Adriana Palliotti, del otro. La revisión está en manos de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. A priori, una composición que no ofrece confianza a la vicepresidenta. Son los mismos jueces que administran otro tema delicado para el relato de la “década ganada”: el escándalo de los Cuadernos de las Coimas, en el que están implicados empresarios que confesaron los aportes a cambio de beneficios.

El alboroto judicial explica muchas cosas. En medio de las refriegas internas los dos bandos del Gobierno encuentran una coincidencia en los cuestionamientos a la Corte Suprema. Alberto dijo días atrás que “nos avergüenza cómo funciona”. Eduardo De Pedro, el ministro del Interior, fue discreto gestor de un documento de 16 gobernadores del PJ que reclamaron una reforma del máximo Tribunal. En Diputados, el kirchnerismo multiplicó la ofensiva para intentar lograr que el titular del cuerpo, Horacio Rosatti, deje de ser además la cabeza del Consejo de la Magistratura.

Aquí se vislumbra la impotencia oficialista. Podría en el Senado aprobar la necesidad de una reforma con mayoría simple. Difícil que ocurra lo mismo en Diputados. Si lo consiguiera, no llegaría a la mayoría especial requerida para designar a nuevos magistrados. Podrían ser 9, 16 o hasta 19, según el paladar de los proyectos presentados. Ni siquiera el Presidente, a raíz de las dificultades, se animó a proponer un candidato para sustituir a la renunciante Elena Highton. Tampoco consigue terminar de negociar en la Cámara Baja un proyecto que saque del medio a Rosatti en la Magistratura.

El abogado y ex intendente de Santa Fe parece dispuesto a no dejarse atemorizar. Como nunca, dispone de una amalgama con sus pares desconocida antes. La Corte no sólo tomó juramento a la diputada radical Roxana Reyes y al senador K Martín Doñate, ambos cuestionados en presentaciones judiciales. También inauguró las sesiones de la Magistratura con su conformación original. Que el kirchnerismo había cambiado.

Esa decisión mantiene un debate abierto en el sistema político. En la oposición, en especial, señalan que la asunción de Doñate podría convalidar a futuro cualquier maniobra oscura en Diputados y el Senado. Como hizo la vicepresidenta, por caso: dividir su bloque para sumar otro consejero por la segunda minoría. Uno de los jueces de la Corte explicó: “Quedó claro en nuestro fallo que la cuestión de fondo del conflicto está pendiente”. En noviembre deben renovarse todos los cargos. Para ese momento quizá se haya hecho la luz.

Sobre la Corte recaen otros pleitos que enfrentan con frecuencia a los poderes políticos con la Justicia. La mayoría de ellos tiene que ver con la comisión de delitos en la función pública. No parece una casualidad. Afloran en el Interior, aunque trascienden poco. Una excepción es el caso de la fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, destituida por un Jurado de Enjuiciamiento. ¿Qué hizo la funcionaria? . Investigar tres episodios importantes de enriquecimiento ilícito. El más sonoro concluyó con un pedido de prisión de 8 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos del ex gobernador Sergio Urribarri. Debió dimitir como embajador en Israel.

Pareció hasta ahora una formalidad. O una ficción. El embajador sigue en Israel. Apareció presidiendo en la Embajada argentina la celebración por el 25 de Mayo. La interna oficial se despliega también en esas pequeñeces. El Presidente le aceptó la renuncia. Pero posterga la resolución de su traslado para no sumar un motivo más de desencuentro con Cristina. Es un protegido del Instituto Patria. Santiago Cafiero quedó desolado por el gesto de Urribarri: había convenido con él que permanecería escondido en suelo israelí.

Este caso poseería alguna similitud con el que ahora desvela a Cristina. El ex mandatario provincial recurrió a la Corte Suprema para que detuviera el proceso judicial. Igual que pretende Carlos Beraldi, el defensor de la vicepresidenta, en el juicio por la obra pública. Urribarri fracasó en su intento.

La cifra del delito investigado contra él oscila en los US$ 5 millones. Refiere a contratos truchos en la Legislatura provincial cuyo dinero se destinaba a la campaña electoral liderada en 2015 por el ex gobernador. El jury endilgó a Goyeneche haber omitido una relación suya y de su marido con un contador involucrado en el episodio. La fiscal no tuvo contemplaciones con ese profesional y hasta allanó sus oficinas. Miembros de la Asociación de Fiscales admiten de parte de Goyeneche la comisión de un error. Entienden, sin embargo, que en ningún caso serviría de motivo para su excusación, recusación o remoción, como acaba de suceder.

La fiscal había planteado la ilegalidad de su apartamiento. Tuvo fallo favorable en primera instancia. Pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos lo revocó. La Corte Suprema avaló aquel recurso de Goyeneche. Aunque no se pronunció sobre el asunto de fondo. Deberá hacerlo, con certeza, si la funcionaria regresa con otra presentación. Vale un detalle para entender de qué se trata: la investigación golpea al sistema peronista en Entre Ríos. Atraviesa además de modo vertical a la Legislatura. La ofensiva contra Goyeneche, extrañamente, fue lanzada por dos abogados de Juntos por el Cambio. Las aguas se mezclan con facilidad.

La batalla no cesa con aquella remoción. También ha sido colocado en la mira de la política entrerriana el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar Garcia. El funcionario se mantuvo distante en el caso Goyeneche. Intervino de modo crítico cuando se consumó la destitución.

La defensa de Urribarri apeló su condena. Presentó también una recusación contra tres de los jueces que intervinieron en el proceso. Tal vez todos esos enjuagues expliquen por qué razón el renunciado embajador permanece impávido en Israel.