La denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli menciona a los sindicalistas Víctor Santa María, Roberto Baradel, Francisco Abel Furlán y a la CGT.

El fiscal federal Carlos Stornelli denunció que el gobierno de Alberto Fernández entregó de manera irregular y gratuita 13 terrenos pertenecientes al Ejército, al Ministerio de Defensa y a la secretaría antidrogas a gremios aliados. La denuncia menciona a destacadas figuras sindicales como Víctor Santa María, Roberto Baradel, Francisco Abel Furlán y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Las cesiones ocurrieron durante los últimos meses del mandato de Fernández y fueron gestionadas por la Administración de Bienes del Estado (AABE). La investigación señala también al exjefe de Gabinete Agustín Rossi, aunque su entorno afirma que el AABE es un organismo descentralizado y que los trámites se iniciaron antes de su gestión.

Agustín Rossi, exjefe de Gabinete

Uno de los casos mencionados en la denuncia es la desafectación de un predio de 120.000 metros cuadrados de la Fuerza Aérea en Ezeiza, otorgado al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), dirigido por Víctor Santa María. “El propio gremialista firmó el pedido para supuestamente realizar un complejo recreativo y deportivo”, señaló la denuncia.

Otro terreno de 160.000 metros cuadrados, también en Ezeiza, fue cedido al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), encabezado por Roberto Baradel. El objetivo declarado fue establecer un “Camping Recreo Ezeiza Suteba”. Además, el Ejército Argentino entregó un predio de 80.129 metros cuadrados en Remedios de Escalada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general, Francisco Abel Furlán, planeaba desarrollar un centro multifuncional.

Alberto Fernández en la CGT

El fiscal Stornelli cuestionó la transparencia de estos procesos, destacando la ausencia de convocatorias públicas para la adjudicación de los terrenos y la falta de planes claros para su uso. “Resulta cuanto menos incierto cómo es que estos sindicatos tomaron conocimiento de la existencia y del supuesto desuso y/o desocupación de estos bienes inmuebles”, subrayó el fiscal.

En total, durante 2023 se dictaron 13 resoluciones relacionadas con la entrega de propiedades del Estado a sindicatos. Stornelli advirtió sobre posibles delitos de fraude al Estado y señaló que no se efectuaron controles adecuados antes de las cesiones, ni se verificó el inicio de las obras prometidas por los sindicatos beneficiados.