La Justicia suspendió el DNU que establecía a las telecomunicaciones como servicio esencial
El DNU dictado por el presidente, Alberto Fernández, cambió la ecuación jurídica y económica de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, ya que al ser un sector que estaba en competencia se afectaron sus ingresos y se comprometió la prestación de dichos servicios, sobre todo al existir otras herramientas alternativas para garantizarlos en plena pandemia de coronavirus, según la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Fuentes de la empresa Claro señalaron que van a “requerir un tratamiento igualitario” al de Telecom. “Vamos a pedirlo en todos los niveles, incluyendo la vía judicial”, añadieron desde Claro, ante la consulta de Clarín.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia que avalaba el congelamiento de precios que estableció el Gobierno hasta fines de 2020, luego de lo cual el ENaCom fijó aumentos limitados de precios para un sector de la población, mientras que a otro sector se los disminuyó, con la obligación de prestar la Prestación Básica Obligatoria a los sectores desfavorecidos.
Para la Cámara Federal -por dos votos en mayoría y uno en disidencia-, esas medidas del Gobierno “permiten advertir la afectación de circunstancias que prima facie colocan bajo serio y fundado cuestionamiento el estándar de razonabilidad y la legitimidad del Decreto 690/2020 y de las Resoluciones del ENaCom adoptadas en consecuencia”.
Esto fue “por la directa afectación que generan a los derechos de propiedad de la accionante, resultantes de la prestación de servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones, bajo el sistema de libre competencia, regulado, autorizado y concedido por el propio Estado Nacional”, sostuvo el dictamen de mayoría.
El Enacom se presentará ante la Corte Suprema con el objetivo de tratar de revertir esta cautelar. El organismo expresó en un comunicado: “Enacom interpondrá un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias”.
Con información de Clarín
