Las abogadas de la ex primera dama aportaron datos que pueden ser claves para la investigación.

El desarrollo de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández podría dar un giro significativo tras la reciente confirmación del horario de la última llamada entre el ex presidente y Fabiola Yáñez. Según las abogadas de la ex primera dama, la comunicación se produjo el 6 de agosto a las 17:09, dos horas antes de que Fernández fuera notificado de la orden judicial que le prohibía todo tipo de contacto con la denunciante. Esta revelación podría desmontar la acusación de hostigamiento que justificó el allanamiento y secuestro del teléfono de Fernández.

El 6 de agosto, Yáñez había llamado al juzgado desde Madrid para activar su denuncia penal, lo que llevó al juez Julián Ercolini a emitir una orden prohibiendo a Fernández cualquier contacto con ella. Sin embargo, la notificación de esta orden se realizó a las 19:45 en el domicilio del ex presidente en Puerto Madero, dos horas después de la última llamada registrada entre ambos.

La orden de allanamiento y el secuestro de los dispositivos electrónicos de Fernández, ejecutada el 9 de agosto, se basaron en el supuesto hostigamiento telefónico, un argumento que ahora está en duda. La Policía Federal confiscó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias en ese operativo. Sin embargo, si se confirma que la última llamada fue previa a la notificación de la orden, no habría fundamentos para sostener la acusación de hostigamiento.

El dato del horario de la última llamada fue confirmado por las abogadas de Yáñez en una presentación firmada por Vilma Carluccio. En la misma, se detalla que no hubo más comunicaciones desde el celular de Fernández después de las 17:09 del 6 de agosto. Esta información se presentó tras una audiencia celebrada el 12 de agosto, donde Yáñez, desde Madrid, no pudo recordar la hora exacta de la última llamada, pero posteriormente proporcionó el detalle preciso.

De confirmarse que no hubo hostigamiento, el secuestro del teléfono de Fernández perdería su justificación legal, lo que podría llevar a la restitución de los dispositivos al ex presidente. Los aparatos secuestrados permanecen actualmente bajo custodia en la caja fuerte de la Fiscalía.