Ámbito pudo acceder al documento en el que trabaja Federico Sturzenegger. El transporte de larga distancia podría dejar de ser un servicio público. Alertan por los riesgos de seguridad vial, la conectividad y el crecimiento de negocios opacos.

El proyecto de desregulación del transporte de larga distancia que impulsa el Gobierno rompe con la lógica del sector como servicio público. Ámbito tuvo acceso a un borrador del decreto que podría publicarse en los próximos días: abre las puertas a nuevos operadores con requisitos prácticamente nulos, elimina la obligatoriedad de utilizar terminales y reduce los controles. Alertan por los riesgos de seguridad vial, la conectividad y el crecimiento de negocios opacos.

Según detalla el documento que circula por la Casa Rosada, el objetivo es “poner en marcha un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte, tendiente a racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos”. En el sector entienden que la magnitud de la desregulación es tal que implicaría un cambio de paradigma en el que el transporte de larga distancia dejará de ser un servicio público.

En ese caso, conceptos como la obligatoriedad y la regularidad pasarían a ser abstractos. Las empresas podrían dejar de conectar destinos que no les sean redituables. La Argentina es el octavo territorio del planeta, tiene muy baja densidad poblacional, sólo 55 aeropuertos y una red ferroviaria deteriorada hace décadas. Hay centenares de pueblos y ciudades a las que solamente se puede llegar en un ómnibus.

Ignacio Petunchi

El texto al que pudo acceder este medio se basa en el mega DNU del 20 de diciembre de 2023, que en su artículo número 2 dispone que el Estado “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres”. Lo que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger propone es desmantelar por completo el marco normativo vigente.

Seguridad vial

Según pudo saber Ámbito, quienes se quieran inscribir en el nuevo registro que surge del decreto, podrán hacerlo prácticamente con cualquier vehículo habilitado a transitar, aunque todavía podrían exceptuar a los autos. De esta manera se habilitaría a realizar recorridos de larga distancia de forma regular a cualquier transporte con más de ocho butacas.

Con la normativa que quiere poner en marcha el Gobierno, los controles prácticamente desaparecerían porque el artículo 18 establece que “los vehículos podrán iniciar el viaje, hacer paradas para el ascenso y descenso de pasajeros en cualquier sitio”. Con infinitos puntos de salida y llegada, se debilitarían los operativos que hoy se hacen de forma habitual en las terminales.

Estos no son los únicos puntos de preocupación para la seguridad vial. También se desencadenaría un cambio en las velocidades máximas habilitadas, que hoy son más bajas para los ómnibus. Con la desregulación pasarían a quedar bajo la normativa general. Esto es algo que hasta las propias empresas del sector rechazan.

Los datos de siniestralidad son alarmantes. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de agosto, el SAME intervino en 1590 incidentes viales, un promedio 51 por día, que equivale a uno cada 28 minutos. En la Asociación Civil Madres del Dolor, creen que antes de desregular, hay que prestar mayor atención a lo que está ocurriendo con este fenómeno. Tuvieron reuniones con Sturzenegger por otros proyectos del ministro.

Negocios opacos

¿Qué actores estarán interesados en ingresar al sector? No está claro, la merma en la demanda alcanza el 30% interanual. Pero si se lo ve en términos históricos, desde la apertura normativa del año 92 hasta ahora la cantidad de pasajeros anuales declinó de 50 millones a 25 millones anuales.

El sector no recibe subsidios estatales. El nivel de precios no parece ser excesivamente elevado, un pasaje de Buenos Aires a Rosario se puede conseguir desde $12.000 y las barreras de entrada al negocio no son bajas.

Fuentes del sector con las que dialogó Ámbito señalaron su preocupación por la posibilidad de que la desregulación genere margen de maniobra para que crezca los negocios opacos. Solo durante julio se registraron dos hechos prácticamente calcados: transportistas que venían desde la frontera norte, fueron detenidos en controles en las rutas, bajaron a los pasajeros y antes de que se efectúe la requisa incendiaron sus vehículos.

Un ómnibus de esas características cuesta más de u$s 200.000. La pregunta es: ¿A qué actividad se dedican para que sea más interesante destruir los vehículos antes de que los revisen?

Dudas por el plan de desregulación del transporte

A todo esto, no está claro que es lo que pasará con las personas con discapacidad, al tratarse de un servicio público las empresas están obligadas a trasladarlos de forma gratuita, pero si se desregula podrían quedar desamparados.

Tampoco hay certezas sobre cómo funcionarán los seguros bajo el nuevo esquema, actualmente hay solo tres empresas (mutuales) que trabajan con el transporte de larga distancia. Dudas.

La lógica que transmite Sturzenegger a sus interlocutores es que así como está la regulación no funciona, entonces mejor eliminarla. Esa argumentación pasa por alto un detalle, que las cosas siempre pueden estar peor.