Monitor de corrupción de funcionarios:activan mayor control de las actividades privadas de los altos cargos antes y después de su gestión
La Oficina Anticorrupción tendrá un sistema para «monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado». El objetivo es registrar antecedentes, vínculos e intereses privados de quienes ingresan y egresan de altos cargos dentro del Estado.
La Oficina Anticorrupción (OA) estableció la creación de un sistema para monitorear la actividad en el sector privado, tanto previa como posterior, de quienes asumen como funcionarios públicos.
La medida, oficializada este jueves en la Resolución 15/2021 del Boletín Oficial y firmada por el titular de la OA, Félix Pablo Crous, apunta a «monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado que pudieran acarrear situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de incumplimiento de dichas normas».
De esta forma, el Gobierno creará el Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública para registrar antecedentes, vínculos e intereses privados de quienes ingresan y egresan de altos cargos dentro del Estado.
Respecto al análisis previo, se tendrán en cuenta los 3 años anteriores a la asunción del cargo. Cuando el funcionario deje la administración pública, se realizará un seguimiento hasta un año luego del cese de sus funciones «para el cotejo y verificación del cumplimiento de las normas pre y post empleo público, con mecanismos de control ciudadano y transparencia activa», indica la medida.
La creación de este sistema de seguimiento será llevada a cabo por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, organismo a cargo de la OA que deberá realizar una «articulación con los diferentes actores públicos y privados necesarios» para que esta estructura funcione adecuadamente.
La normativa considera como marco el hecho de que «el ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector privado» -fenómeno conocido como «puerta giratoria»– implica riesgos que pueden perjudicar el interés público «en beneficio de intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio».
Además, comprende que estos riesgos potenciales se agravan cuando, quienes previamente desempeñaban cargos directivos en empresas o entidades privadas reguladas o controladas por organismos públicos, son designados para cumplir funciones en estas mismas instituciones del Estado.
«Lo mismo ocurre cuando quienes ejercieron funciones públicas pasan o regresan a ocupar cargos de alta jerarquía en el sector privado, en especial cuando se trata de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional», agrega la resolución.
f: Cronista
