Nota extraída de Clarín por Eduardo Van Der Kooy

Alberto Fernández empuja una reforma en toda la estructura del Poder Judicial para intentar ayudar a Cristina Kirchner a a zafar en las causas de corrupción. La Corte que no iba a tocar y la compensación presidencial en la Junta Consultiva.

Para no ser infiel a la tradición política de la Argentina –tampoco al peronismo- Alberto Fernández anunciará una reforma judicial que, en su forma y en el fondo, parece responder a un interés coyuntural antes que a la búsqueda de una mejora de las instituciones. Un punto de partida, en ese sentido, fue marcado por Carlos Menem, en 1994, cuando promovió un cambio de la Constitución con el fin de que fuera habilitada su reelección.

En 2009, Cristina y Néstor Kirchner impulsaron una modificación en el sistema electoral que introdujo la realización de elecciones internas, simultáneas y obligatorias (PASO) en todos los partidos. Lo hicieron luego de perder las legislativas de aquel año, para evitar nuevas fugas peronistas. Once años después, con el antecedente frustrado de la llamada “democratización” de 2013, el Presidente empuja variantes en toda la estructura del Poder Judicial para intentar ayudar a la vicepresidenta a zafar de su complicada realidad por las causas de corrupción. Las demás explicaciones podrán sonar bonitas. Pero constituyen hojarasca.

Comparada con las anteriores, la actual iniciativa exhibe incluso mayor debilidad. Menem se atrevió a la reforma constitucional luego de un amplio aunque polémico pacto con la oposición. Los Kirchner supieron también seducir en el 2009 a los opositores con los supuestos beneficios (en la práctica casi nulos) de las PASO. Alberto, esta vez, tomó la receta de Cristina del 2013 y se manda con un proyecto maquinado entre el Instituto Patria, la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Materia prima sólo oficial.

El Presidente anegaría, de esa manera, dos promesas que cada tanto blande en sus mensajes. Una es la de la supuesta voluntad de gobernar por consenso. La otra, que va de la mano, la de erigirse en artífice del final de la grieta que se profundizó desde el 2003 con la llegada del kirchnerismo al poder. Cambiemos ya avisó, con un comunicado de llamativa unidad, que no está dispuesta a avalar aquellas reformas. Menos a prestar los dos tercios en el Congreso para introducir cualquier transformación, de número o estructura, en la Corte Suprema. Esa es la jugada maestra, la más difícil, que propone el Gobierno.

Un interrogante es saber si Alberto ha tomado, en este terreno, el camino que desea o, simplemente, el que pudo. Aunque a futuro le acarree dolores de cabeza. Pueden divisarse indicios que ayudarían a dilucidar aquel enigma. El texto de la reforma tuvo varias supervisiones de Cristina. El proyecto, por otra parte, ingresará por el Senado. Símbolo de lo que el kirchnerismo supo hacer en su historia cuando pretendió imponer leyes entre 2011-2015. Los ejemplos sobran. ¿Alguien supone que la reforma judicial podrá sufrir modificaciones en Diputados después de ser aprobada en el templo que dirige Cristina?

Tampoco se puede omitir la Junta Consultiva que decidió conformar el Presidente para analizar los cambios en la Corte Suprema. Otra pista acerca de que cualquier posibilidad de consenso fue dejada de lado. De once nominados apenas tres no tienen vínculo con el peronismo o el kirchnerismo. El desbalance es notable. Son el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, Inés Weinberg de Roca e Hilda Kogan. Como contrapartida, en el montón oficialista sobresalen algunos que suelen confundir el papel institucional con la militancia. Es el caso de Omar Palermo, juez de la Corte Suprema de Mendoza, perteneciente a Justicia Legítima.

El foco más radiante –a la vez perturbador—de aquella lista sería Carlos Beraldi. Se trata del abogado defensor de Cristina en todas sus causas de corrupción. Salvo el Memorándum de Entendimiento con Irán. ¿Habría alguna razón académica para que no ocupe ese lugar? A la vista ninguna. Posee el reconocimiento profesional de quienes están en otra vereda política. La objeción vendría por el lado de la ética. ¿Ayuda su figura a la transparencia que requiere cualquier cambio en la Corte? ¿No despierta, acaso, sospechas inconvenientes? Otra pregunta sería conocer si Beraldi está allí porque de verdad quiere. O porque forma parte, simplemente, del compromiso global que tiene con Cristina.

Su aparición podría explicar otra. La de Weinberg de Roca. La actual titular del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad fue postulada por Mauricio Macri para ocupar la Procuración General, después de la renuncia de Alejandra Gils Carbó. El peronismo-kirchnerismo nunca se avino a considerar su pliego. La doctora hizo su primer informe en julio del 2018 y la entonces oposición levantó objeciones. Finalmente se decidió que Eduardo Casal continuara como Procurador interino. Cargo que desempeña ahora y el Presidente pretende para el juez Daniel Rafecas​.

¿No aquilató méritos suficientes para la Procuración y los tiene para expedirse sobre una nueva Corte Suprema? La pregunta circuló entre todos los jerarcas de Cambiemos (incluidos Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta) que este martes se pronunciaron en contra de la iniciativa del Gobierno. La conclusión también resultó unánime: Weinberg de Roca fue un ardid del Presidente para compensar la incómoda presencia de Beraldi.

El ex presidente fue interpelado por varios dirigentes de Cambiemos durante la teleconferencia sobre la presencia de la jueza. Aseguró haberse visto sorprendido. Quedó en comunicarse con ella. Sin muchas esperanzas: Weinberg de Roca también se sintió desprotegida en su momento por el macrismo. Participar del Consejo Consultivo constituiría para ella, tal vez, una marquesina impensada en el otoño de su carrera.

Observando lo que puede venir, hay razones fundadas para suponer que la matriz de esta reforma judicial tiene antes la inspiración de Cristina que la de Alberto. El Presidente había afirmado, incluso luego de asumir, que no creía necesarios cambios en la Corte. Al menos dos de sus cinco jueces lo escucharon de su boca.

Tampoco el viraje es un patrimonio presidencial. Cristina posee una extensa trayectoria de zigzagueos sobre el Poder Judicial y la Corte. Primero ayudó a romper la mayoría automática menemista que heredó Néstor Kirchner. Como senadora logró reducir el número de sus miembros de nueve a cinco. Cuando presentó en 2013 el plan de “democratización” explicó que era inviable que el Máximo Tribunal concentrara tantas causas. Eso explicaría su lento funcionamiento. Puso como ejemplo –al hablar por cadena nacional una hora y media- lo que sucede en Estados Unidos, donde la instancia superior de la Justicia no se ocupa de más de 80 o 90 casos al año.

Ahora promueve una Corte numerosa y dividida en salas. Que se ocuparía de todo. Con especial atención en el fuero penal, la última estación de las causas por corrupción en su contra. Repasando el recorrido, ¿Cómo no desconfiar del interés personal y oculto que la impulsa?