Nota extraída de El Cronista por Hotacio Riggi

El Gobierno estableció finalmente ayer el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.

La medida, si bien era esperada, no comprende una solución de fondo. Es decir, la sensación es que tiene que ver más con un guiño político o un gesto al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Antes de publicar en el Boletín Oficial la suba de tarifas, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, remarcó que “no va a haber ningún aumento para el 90% de la población en el resto del año”, y que el 10% restante “va a tener que pagar la tarifa plena” por sus ingresos y, por lo tanto, “no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado”.

La agencia Télam recordó que tal como se había estipulado meses atrás, la segmentación reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.

Esa franja de usuarios está comprendida por aquel que “tiene ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; es titular de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años, o de tres o más inmuebles, o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

El problema es que no se soluciona “el problema”. De hecho, la suba de tarifas, si bien desde lo económico y desde el punto de vista de “justicia” el camino puede interpretarse como correcto, la incidencia del aumento está lejos de representar un recorte representativo en los subsidios que el Estado destina para solventar la energía y el transporte.

Otras voces en el propio Gobierno se cuestionan si en un contexto de pandemia y guerra, como el actual, es el momento de acotar los subsidios.

Al mismo tiempo en la oposición ven la medida como un castigo a los que no votan al oficialismo.

Cerruti También explicó que “la implementación se llevará adelante con un formato a demanda por medio de una declaración jurada de conformación de hogar”, y que “todos aquellos hogares que lo soliciten continuarán recibiendo subsidios a la energía de acuerdo con la nueva metodología”.

El verdadero gasto público que tiene el Estado está concentrado en jubilaciones y pensiones. También los gastos de mantener el Estado en funcionamiento se llevan otro porcentaje importante. Más atrás vienen los subsidios. Es lógico reducirlos y también es lógico que los que pueden pagar, paguen la tarifa plena, que no es otra que la que marca el costo real de un servicio. Sin embargo, el efecto económico de la medida representa apenas el 0,05% del PBI.

Columna publicada originalmente en El Cronista