Gran parte de los alimentos que el Gobierno le entregó a los movimientos sociales nunca llegaron a los comedores.

Una reciente auditoría del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ha destapado una serie de irregularidades en los comedores del Polo Obrero. El relevamiento reveló que de los 3.385 lugares registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM), el 47,5% no existen. Muchos de estos comedores pertenecen a la organización dirigida por Eduardo Belliboni, quien será indagado el próximo 25 de junio por presunto desvío de alimentos y uso de facturas falsas.

Según información a la que accedió Infobae, dos expedientes judiciales investigan estas irregularidades. Uno de ellos, dirigido por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González, ha imputado a 23 dirigentes del Polo Obrero, incluyendo a Belliboni. La auditoría indica que entre 2020 y 2023, la organización y la cooperativa ‘El Resplandor’ recibieron $360 millones, de los cuales solo se justificaron $113 millones. El otro recayó en la juzgado de Ariel Lijo y fue delegada a la fiscalía federal de González.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

La investigación comenzó en diciembre del año pasado tras denuncias de extorsión a beneficiarios de planes sociales para asistir a marchas. “Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables,” denunció Leila Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano.

El informe también reveló que el Polo Obrero recibió la mayor cantidad de alimentos secos en 2023, con 4.618 toneladas de las 18.685 distribuidas. Sin embargo, gran parte de estos alimentos no llegaron a los comedores destinados. “La comida terminó en otro lugar” señaló la auditoría, indicando que muchos alimentos fueron desviados o vendidos ilegalmente.

La auditoría mostró que el 48% de los comedores relevados nunca existieron o dejaron de funcionar. Además, el 27% de los datos de preinscripción no coincidían con la realidad. De los comedores que sí funcionaban, atendían a 240.370 personas, con un promedio de 163 beneficiarios por lugar. El Ministerio de Desarrollo Social entregaba el 16% de los alimentos secos a estos comedores, pero solo el 8% fue rendido correctamente, planteando serias dudas sobre el destino del resto de los alimentos.