Alberto suspendió extensión de oferta a bonistas y abrirá negociaciones con FMI
Para lograr una canje exitoso, se necesita un acuerdo que oscile entre el 66 y el 85 por ciento de adhesión de los bonistas -según las series de los títulos emitidos-, y el ministro de Economía hasta ayer sólo tenía una cifra cercana al 40 por ciento.
“Hasta acá llegué. No hay un peso más”, advierte Fernández al mismo tiempo que insiste con que no se movería de su iniciativa a los acreedores. La diferencia de la oferta oficial respecto a la contraoferta de BlackRock y sus aliados es de tres dólares menos.
Los motivos para no concluir con la extensión de la oferta fueron justificados por el ministro de Economía, quien frente a los cálculos más serios advirtió que “no tiene sentidos seguir mejorando como quieren los fondos, si el mundo se va a caer”.
Guzmán recordó a Alberto Fernández que la primera oferta oficial establecía un Valor Presente Neto (VPN) de 41 dólares para los bonos a canjear, y añadió que en ese momento, los cálculos más serios aseguraban que la economía global por la pandemia caería un 2.3 por ciento.
Ahora, agregó que la actual propuesta establece un NPV cercano a los 54 dólares, mientras que la caída de la economía global prevista por el World Economic Outlook (FMI) sería de casi 10 por ciento.
El argumento de Guzmán se sostiene de la siguiente manera: si había una iniciativa oficial con un Valor Presente Neto de 41 dólares y una probable caída del 2.3 de la economía global, y a posteriori, se mejoró la oferta a 54 dólares de NPV con el FMI pronosticando una debacle del 10 por ciento del PBI mundial, qué sentido tendría remozar la propuesta argentina ante la presión de los acreedores privados.
El Presidente advierte que sólo extenderá la oferta hasta el 28 de agosto, y si los bonistas adelantan que aceptarán la última propuesta oficial. Incluso, el aval a ciertas reformas jurídicas -por parte de la International Capital Market Association (ICMA)- que pueda llegar a otorgar mayor certeza a la adhesión del canje podría influir en la decisión de extensión de la oferta, sin implicar una condición necesaria.
Frente a la postura de Fernández y Guzmán, se abren dos caminos distintos: que los bonistas puedan hacer uso de sus derechos y presentar una demanda por default contra la Argentina, o aceptar un standstill, un acuerdo formal entre la Argentina y los acreedores privados que establece la postergación de las negociaciones por un tiempo prudencial y evita así la posibilidad de iniciar acciones por default en los tribunales de Nueva York.
Por su parte, el ministro de Economía propuso abrir el diálogo formal con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en caso de confirmar su decisión de suspender la extensión del plazo de la oferta y congelar las negociaciones directas con los bonistas.
“Ponemos a los acreedores en un standstill, y empezamos a negociar un crédito con el Fondo. Cuando llegamos a un acuerdo, volvemos a abrir la negociación con los acreedores privados”, propuso Guzmán al Presidente, quien se mostró de acuerdo pero en la negativa a pagar las cuentas aplicando un plan de ajuste recetado por el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI).
