Bullrich pidió a la Justicia que expulse del país a los extranjeros no residentes que cometen delitos
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha instado a la Justicia a expulsar del país a los extranjeros no residentes que cometan delitos. Este llamado se produce en medio de la polémica por la trágica toma de terrenos en La Matanza, provincia de Buenos Aires, que resultó en un enfrentamiento con cinco personas fallecidas.
Bullrich expresó que, en caso de que personas extranjeras sin residencia usurpen terrenos, la Justicia debería proceder a expulsarlas del país de inmediato. Durante una entrevista en Radio Mitre, insistió en que aquellos que participen en actos delictivos, como usurpaciones o asesinatos, deben ser expulsados, a menos que hayan nacido en Argentina o tengan residencia permanente.
Este llamado se suma a los reclamos previos desde la Ciudad de Buenos Aires para acelerar la expulsión de delincuentes extranjeros, respaldando la reposición de un decreto firmado en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri, cuando Bullrich también estaba al frente del Ministerio de Seguridad.
El Decreto 70/2017, firmado en 2017, fue derogado en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, argumentando que modificaba aspectos sustanciales de la Ley de Migraciones y violaba principios constitucionales y de derechos humanos. La medida buscaba agilizar la expulsión de delincuentes extranjeros.
Bullrich también criticó la permisividad en la provincia de Buenos Aires con respecto a las usurpaciones de tierras, señalando que esta situación genera un ambiente propicio para que las personas tomen terrenos sin consecuencias. Subrayó la necesidad de tomar decisiones urgentes respecto a los desalojos.
En relación con la situación en La Matanza, Bullrich mencionó una posible connivencia entre punteros políticos convertidos en narcotraficantes y políticos que lucran con estas situaciones. Además, resaltó diferencias con el gobierno provincial en cuanto a la actuación ante las usurpaciones de tierras.
Bullrich también abordó la situación en la provincia de Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro ha recibido amenazas. Afirmó que el personal penitenciario está amenazado, con 140 presos de alto riesgo en cárceles federales. También comentó sobre la posible presencia del Ejército en Rosario, indicando que no está decidido y que tuvo una reunión con el Ministerio de Defensa al respecto. Además, afirmó que las amenazas son constantes y dependen de cómo se aborde la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en general. Presentó el artículo 34 de legítima defensa en la Ley Ómnibus como una medida necesaria para proteger a las fuerzas de seguridad.
