Así lo detectó la auditoría realizada por el Gobierno nacional que confirmó el pago de más de 5.000.000 de pesos a Héctor Martínez Sosa en comisiones por intermediar con Nación Seguros S.A.

Avanza la investigación sobre las contrataciones a empresas de seguros privadas por parte del Estado nacional durante la administración de Alberto Fernández, en donde se detectaron acuerdos millonarios y sobre precios con broker amigos del ex mandatario.

De la auditoria que llevó adelante el Gobierno de Javier Milei, se desprende que la Corte Suprema de Justicia también contrató durante los últimos cuatro años a la firma de Héctor Martínez Sosa, íntimo amigo del ex presidente del Frente de Todos y esposo de su secretaria privada.

La maniobra que realizó Héctor Martínez Sosa y CIA  como intermediaria de Nación Seguros S.A, habría recibido entre 2020 y fines del 2023, unos 5.027.340 de pesos en comisiones. Vale aclarar aquí que las tasas que se pagaban a estas empresas eran más altas que las del valor del mercado que rondaban el 05%, mientras que los intermediarios cobraban entre el 07% y el 10%.

Desde el supremo tribunal negaron la existencia de estos contratos, pero la auditoria llevada a cabo por el Ejecutivo nacional detectó que hubo alrededor de 25 compañías que intermediaron entre las aseguradoras y la firma estatal, por lo que los denominados brokers obtuvieron unos 17 millones de dólares en comisiones durante la gestión de Fernández.

El informe revela que de los 19 organismos públicos que contrataron al amigo del ex presidente como intermediario, la Corte Suprema es uno de los que pagaron mayores comisiones desde el 2020, es decir durante gran parte de la gestión del Frente de Todos.

Por otro lado, la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, avanza en la detección de las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto n° 823/2021, a través del cual Albero Fernández impuso al Sector Público Estatal contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros SA. Desatando la trama de corrupción que se estima le costó al Estado alrededor de 200.000 millones de pesos.