El poder político provincial busca intervenir en la justicia local para salvarse de las investigaciones por hechos de corrupción.

El arco político de la provincia de Entre Ríos se ve envuelto en un nuevo escándalo judicial. Como si no bastara con la reciente condena para el exgobernador Sergio Urribarri, que generó su renuncia como embajador en Chipre e Israel, ahora se suma un pedido de enjuiciamiento para la fiscal que llevó adelante la investigación por corrupción.

Se trata de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, quien estuvo a cargo de la condena de Urribarri y que se encuentra suspendida en sus funciones, tras la solicitud de Jury por parte de la defensa del exfuncionario. El dato curioso es que tres de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, que votaron a favor de la medida, son también miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial y tienen fuertes vinculaciones con el poder político entrerriano.

La funcionaria judicial, será sometida a un jury con el posible cargo de destitución, sin embargo, refiere que las acusaciones en su contra no comenzaron en el marco de la investigación al exgobernador provincial, sino en referencia a un proceso anterior vinculado a una organización que desviaba dinero de la Legislatura local a través de contratos falsos.

Según la acusación, Goyeneche era propietaria de un fideicomiso inmobiliario junto al contador Pedro Opromolla, quien realizaba la gestión impositiva de falsos contratistas y reclutaba a los prestanombres del esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y 2018.

Aunque la Fiscal sostiene que todo se debe a una represalia política por sus investigaciones sensibles al poder, vale destacar que sospechosamente entre quienes ratificaron el proceso en su contra, se encuentra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, quien fuera abogada de Urribarri.

Entre políticos condenados

Esta cuestión de funcionarios de los altos mandos condenados por corrupción, se multiplican en la provincia litoraleña. Tal es el caso de los ex vicegobernadores peronistas, Domingo Daniel Rossi, por enriquecimiento ilícito, y Héctor Alanis, por peculado. Junto a este último fue condenado un senador radical por el mismo hecho, Humberto Re.

Pero la lista no culmina allí, el caso del ex vicegobernador Rossi, actual intendente de la localidad de Santa Elena, es uno de los más significativos a nivel local. Ya que cuenta con una condena confirmada por la Corte Suprema de la Nación en 2009, pero sigue al frente del gobierno de la ciudad.

Domingo Daniel Rossi

Otro dirigente entrerriano que ocupó un cargo en la cancillería y recibió una sentencia por corrupción, fue Raúl Taleb, exembajador en Cuba durante el gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo una condena de tres años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito perpetrado mientras ejercía como diputado provincial.

A la extensa lista de condenados, se suma el exsenador provincial del justicialismo Mario Yedro, quien en 2005 se convirtió en el primer procesado por enriquecimiento ilícito en la historia entrerriana, y a quien la Justicia le confiscó un campo de 2.164 hectáreas.

No solo es llamativa la cantidad de funcionarios afectados por investigaciones judiciales en esta provincia, sino la calidad de las condenas, ya que muchos de ellos fueron beneficiados de diversas formas por parte de los altos tribunales, incluso algunos siguen ejerciendo cargos públicos, a pesar de estar impedidos de hacerlo.