Corrupción K: las sospechas de los interventores en los hoteles de losKirchner

Hotesur SA y Los Sauces SA son las dos principales empresas de la familia Kirchner. Después de la cesión de sus bienes por parte de la ex Presidenta, son sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes retienen en partes iguales el paquete accionario de las compañías Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg decidieron dar por finalizada la intervención judicial que hace cuatro años pesa sobre los hoteles y la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner.

Antes de la devolución definitiva del manejo de las propiedades y compañías, investigadas por lavado de dinero, los responsables de administrar todo durante este tiempo entregaron un duro informe, donde marcaron sospechas sobre el giro comercial de Hotesur: subvaluaciones, alquileres fuera de los valores del mercado, falta de interés de que la firma funcione como empresa, entre otros aspectos.

Las dos firmas, tanto la hotelera como la dedicada al rubro inmobiliario, fueron investigadas por lavado de dinero. La justicia determinó que no tenían una finalidad comercial real, sino que fueron “pantallas” para poder blanquear, con la participación de Lázaro Báez, unos 130 millones de pesos.

El interventor a cargo de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate), Daniel Altman, se refirió a este punto de forma enfática. Indicó que hubo en la empresa una “ineficiente explotación del Hotel” (Alto Calafate), sobre la cual los accionistas “nunca se han expresado”.

Al momento de fundamentar esto, el interventor dijo que la rentabilidad del hotel se encuentra “muy por debajo de mercado de acuerdo a las informaciones que documentadamente acerqué”.

Durante la investigación de la causa, el fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que se montó un esquema de lavado de dinero “en base a la actividad hotelera” buscando darle “cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.

Por otro lado, el interventor Altman destacó que el locatario “no liquidó ni pagó cánones por casi cuatro años sin que los mismo fueran reclamados por los accionistas ahora cuidadosos según aparentan”. El responsable de explotar los hoteles Alto Calafate y Las Dunas era Idea SA, propiedad de Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner y también investigado por lavado.

En esta misma línea, el interventor judicial dijo que hubo una “errónea” información suministrada por Idea SA “para calcular cánones por lo que fuera por dos veces rechazada por mí”.

Consideró que se pagaba un “absurdo alquiler mensual” en la temporada 2018/2019. La cifra del alquiler era incluso inferior a la que abonaba Lázaro Báez, que fue el primer responsable de explotar los hoteles de los Kirchner a través de su empresa Valle Mitre SRL.

La familia Kirchner, según los interventores, no modificó el importe del alquiler establecido en el contrato vencido y “que regía desde enero de 2015, de 190.000 pesos más IVA”. Hotesur fue intervenida en marzo de 2019. El responsable de administrar la firma hotelera pidió que ese valor se actualice, y sólo se habló de la posibilidad de pagar 500.000 pesos, pero no sucedió. Toda la operación iba a pérdida.

El interventor habló además sobre la “desleal invocación del locatario de prescripción de períodos de cánones, tema aún no resuelto por falta de designación de árbitro”. Para discutir eso, se careció todo este tiempo de un “apoderado de los accionistas, pese a mi convocatoria, para que aporte su análisis a un tema que, de ser cierto que son dos diferentes sociedades Idea y Hotesur, podría perjudicar los intereses de Hotesur”. Los accionistas o su representación “estuvieron siempre ausentes en estos relevantes temas”, indicó Altman.