El juez Ercolini agravó la situación procesal de dos escribanos del ex matrimonio presidencial y del “jardinero de Cristina” que investiga al fallecido Daniel Muñoz. Además, congeló decenas de inmuebles en todo el país, empresas y autos de alta gama a pedido del fiscal Stornelli.

El juez federal Julián Ercolini amplió este viernes el procesamiento de financistas, contadores, testaferros y familiares del fallecido secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, por una cifra superior a los 500 millones de dólares en la causa por el lavado de dinero de plata proveniente de la recaudación descubierta en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

A pedido del fiscal Carlos Stornelli, Ercolini agravó la situación procesal de los que también fueron escribanos del ex matrimonio presidencial por el blanqueo de plata negra que manejó Muñoz hasta su muerte en diciembre de 2015 y luego su entorno invirtió 70 millones de dólares en inmuebles en Estados Unidos, que tras el escándalo de Panamá Papers, sacó y compró terrenos en las paradisíacas islas caribeñas de Turks & Caicos. Las multas por lavado de dinero, en el caso de que se llegue a una condena, se aumentan de 2 a 10 veces del dinero usado en la maniobra. De allí el dictado de estos embargos elevadísimos.

El dinero que recaudaba el secretario de Julio De Vido, Roberto Baratta, en el remis que conducía Oscar Centeno y se entregaba en bolsos en la residencia de Olivos o en el departamento de los Kirchner en Recoleta fue lavado, en parte, por Muñoz. En la causa de los Cuadernos de las Coimas Cristina está procesada como jefa de una asociación ilícita.

Luego de la extradición y procesamiento del mexicano Isaac Eugenio Esperza Hidalgo, el juez Ercolini aseguró que “el nuevo panorama probatorio condujo a reelaborar la redacción del hecho imputado, con una descripción más extensa y detallada de las distintas operaciones comprendidas en la maniobra de lavado, como así también de los indicios del crecimiento patrimonial de las personas físicas y jurídicas involucradas”.

El juez recordó que el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, había confesado que luego de dos años de elaborar ad honorem las declaraciones juradas de Muñoz “a partir de reencontrarse con él en la Casa Rosada, en el año 2005 éste le pidió que se encuentren en un lugar de poco tráfico de Río Gallegos. Al llegar, encontró a Muñoz y a Roberto Néstor Sosa en un automóvil, y le pidieron que oculte en un lugar seguro entre quince y veinte bolsos y mochilas con dinero”. Se trataron de bolsos que contenían entre veinte y treinta millones de dólares y euros.

Manzanares contó que guardó el equivalente a unos ocho millones de dólares en una caja de seguridad del Banco Santa Cruz a nombre de su padre Victoriano, y el resto lo entregó a Sosa.

En una casa de Río Gallegos, “se instaló una puerta blindada, y dentro de la unidad, una caja fuerte artesanal oculta y también un armario blindado donde siempre había entre tres o cuatro mochilas con unos dos millones de dólares”.

Manzanares reveló: “No fui socio de Muñoz, fui su testaferro en las empresas ‘MADACO’ y ‘MM’”. “Cuando comienzo a trabajar con Muñoz escojo los mismos escribanos en los que confiaba Kirchner por temas de confidencialidad”, afirmó Manzanares en su declaración.

Luego, Ercolini analizó el rol en la maniobra de los escribanos Ricardo Leandro Albornoz, Jorge Marcelo Ludueña, Pablo Alejandro Buscaglia, Andrés Mercuri y Mariano Antonio Montes.

Albornoz y Ludueña “ya fueron procesados por cumplir la misma función en las causas n° 3.732/2016 (en ambos casos) y 11.352/2014 (en el primero), en las que se juzga la posible conformación de una banda para recibir dinero como pago a retorno de la concesión de obra pública por parte de diversas empresas, mediante contratos de locación de la firma “Los Sauces SA” y “Hotesur SA”, propiedad de Cristina Elisabet Fernández”, señaló el magistrado.