Con el establecimiento de precios máximos, el Gobierno se asegura que las empresas no aumenten a la par de la inflación. Una medida imperante de cara a las elecciones

El jefe de Gabinete Juan Manzur se dará cita en instantes con el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Marco Lavagna, frente a la preocupante aceleración de precios minoristas.

Mediante la Resolución 1050/2021, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación determinó unilateralmente que hasta el 7 de enero de 2022 regiría un tope de precios en una lista que alcanza al menos 1432 productos. Una medida urgente, a menos de un mes de las elecciones.

En declaraciones a Radio 10, el titular de la cartera Roberto Feletti, sostuvo ayer que la medida de control de precios máximos era una suerte de manotazo de ahogado frente a la imparable inflación: “Esta intervención tiene un objetivo de corto plazo, que es bajar la fiebre, ya que la remarcación de octubre se volvió insostenible. Y el de largo plazo es asegurar una canasta básica regulada para la población argentina, con precios administrados y sin sobresaltos”.

El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en septiembre un incremento de 3,5%, un punto porcentual más que el 2,5% registrado en agosto pasado, de acuerdo con el Indec. Esta suba se explica por el cambio estacional, afectando así el precio de productos básicos como frutas, verduras e indumentaria.

De esta manera, en lo que va del año se registró una acumulación del 52,5% en la inflación minorista de los últimos 12 meses. Frente a la alarmante situación, y a contramano de los intereses de los proveedores, el Gobierno decidió ponerle un techo obligando a las empresas a “aumentar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y tomar las medidas para asegurar el transporte y la entrega de productos durante el período de vigencia de esta medida de precios máximos”.