La imprenta que fue expropiada en 2013 deberá recibir una compensación del Estado.

La Corte Suprema emitió un duro fallo contra el Estado que deberá pagarle $1.000 millones a la imprenta de billetes, Ciccone. La compañía internacional había sido expropiada por una ley del Congreso en el año 2013, en medio de las investigaciones contra el entonces vicepresidente, Amado Boudou.

El ex vicepresidente fue condenado años después por haber comprado Ciccone a través de testaferros. La ley preveía un pago de 275 millones, pero que sería compensado por las deudas impositivas que tenía la compañía. Los dueños de la empresa decidieron judicializar la situación argumentando inconsticionalidad y el máximo tribunal les dio la razón.

Los jueces de la Corte Suprema tomaron la decisión de manera unánime y el monto de $275 millones fue actualizado y llegó a la cifra de $1.000 millones. El argumento de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz es que las deudas deben resolverse por otra vía y no puede plantearse una compensación.

Tras el caso Ciccone, las acciones de la firma quedaron en un 75 % en poder The Old Fund, 15 % en poder de Nicolás Ciccone y el otro 10% por ciento el poder de las hijas de Héctor Ciccone, ya fallecido. Por lo que serían ellos quienes deberían cobrar la indemnización del Estado.

Fuentes judiciales plantearon que el caso puede representar un antecedente importante para el caso Vicentin, la cerealera que el Gobierno nacional decidió expropiar a mediados del 2020.