El ministro Mariano Cuneo Libarona aseguró que quiere desmantelar la controvertida caja de ACARA, un ente de “cooperación técnica y financiera” que emplea a la mitad del personal del Ministerio.

En medio de la serie de escándalos de corrupción que sacudieron los medios recientemente, existe un caso en particular que se viene dando desde hace más de tres décadas y que está amparado por las leyes 23.283 y 23.412: se trata de los “entes de cooperación técnica y financiera”, creados para agilizar trámites ante los registros del automotor, pero que terminaron siendo una fuente millonaria de fondos para la política.

Uno de los más relevantes surgió a partir de un convenio firmado durante la gestión de Raúl Alfonsín entre la Secretaría de Justicia y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Según reveló Clarín, este acuerdo sostiene actualmente el funcionamiento del Ministerio de Justicia, que, seis meses después de asumir, el ministro Mariano Cúneo Libarona afirma querer desmantelar.

A pesar del deseo del Gobierno, esta no parece ser una tarea sencilla debido a que el Ministerio de Justicia depende en gran medida de los fondos administrados por ACARA. En este sentido, más de la mitad de los empleados en el área son contratados por el Ente Cooperador Acara y otros convenios, cuyos fondos provienen de los argentinos al realizar trámites de compraventa de vehículos.

Además de los gastos de personal, ACARA cubre viáticos, servicios de consultoría, alquileres, adquisición de bienes de consumo y otros gastos importantes, todo ello sin control ni rendición de cuentas más allá de la supervisión de una comisión fiscalizadora dependiente del Ejecutivo.

“Es un agujero negro, nadie sabe realmente en qué se gasta”, explica una fuente familiarizada con los manejos del ente, que también realiza contrataciones con cooperativas para servicios, universidades para cursos y productores para seguros. “Sin ACARA hoy el Ministerio no existe, no podría funcionar, pero lo vamos a desmontar”, aseguran fuentes cercanas a Cúneo Libarona.

De los 6.107 empleados en total, apenas 2.100 forman parte de la planta permanente del Sistema Nacional de Empleo Público. El resto se divide de la siguiente manera: 2.483 agentes (en marzo eran 3.042) bajo el régimen de ACARA y poco más de mil por convenios con otros entes.

Otro aspecto polémico relacionado con ACARA son los sobresueldos. Cuando Milei asumió el cargo, 113 empleados del Ministerio de Justicia de la gestión anterior recibían un extra en concepto de “incentivos”, sumando un total de $71.933.344,52. Es decir, fondos que se destinan discrecionalmente para aumentar los ingresos de empleados que ya reciben un salario del sector público.

En enero, durante la actual gestión, el número de beneficiarios se redujo a 69 empleados, con un total de $32.544.168. Sin embargo, en marzo, la cifra se mantuvo estable: $59.402.600 distribuidos entre 70 agentes. 

A raíz de esta situación, la Coalición Cívica, liderada por la diputada Victoria Borrego, presentó un proyecto para que los fondos de los entes cooperadores sean incorporados al Presupuesto y, en consecuencia, estén sujetos al control estatal, además de proponer derogar el artículo que permite el pago de “incentivos”.

Si bien el debate sobre la titularidad de las 1.558 oficinas de registros del automotor ha puesto al descubierto los negocios políticos, la significativa recaudación del Ente explica en gran medida por qué el sistema se ha mantenido durante las gestiones de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, los Kirchner e incluso Mauricio Macri.

La fuente de los fondos, principalmente, proviene de la venta de cada vehículo. Desde que Milei asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, los ingresos del Ente ascendieron a cerca de 14.000 millones de pesos. Esta cifra exacta proviene de un pedido de acceso a la información pública al que tuvo acceso Clarín: $13.546.185.209,37. 

Se estima que la cifra superará ampliamente los 140 millones de dólares en el año, considerando que el Ente recaudó $52.179.397.106,17 en los dos años anteriores, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023.

El sistema funciona como un verdadero monopolio: el ente suministra a registros de todo el país formularios, cédulas, sellos, emite chapas patentes, carpetas, hojas, placas y stickers, todo ello al precio fijado por el Ministerio de Justicia. Además, por ley, ACARA también puede establecer acuerdos con provincias y municipios para administrar bases de datos de infracciones, conexión en línea y recaudación en los registros automotores.

ACARA, que agrupa a los concesionarios oficiales que optan por afiliarse (no es obligatorio), recibe una porción importante de los ingresos en concepto de administración: el 5 por ciento de todo lo recaudado. Aunque esta cifra es considerablemente menor que lo establecido por ley (10%), representa un aumento respecto al 3,5% fijado durante la gestión de Germán Garavano.

Esta cifra explica por qué ACARA asume un riesgo considerable al contratar a miles de empleados, cuando solo cuenta con unos 60 para gestionar su negocio principal.

Un amplio pedido de informes sobre el manejo de ACARA, solicitado por la Coalición Cívica y respondido por el Ministerio de Justicia, reveló que al asumir Javier Milei la Presidencia, 3.080 empleados del Ministerio de Justicia trabajaban bajo contratos con ACARA. Este número se ha mantenido relativamente estable en comparación con dos años antes, cuando había 3.281 empleados en esa situación.

Según Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA, durante su gestión la entidad llegó a emplear “4.800 personas” exclusivamente para trabajar en el Ministerio de Justicia, en una intensa disputa de poder con el actual titular, Sebastián Beato.

Durante la gestión de Macri, un pedido de acceso a la información realizado por Clarín reveló que en julio de 2018 había 3.816 personas asignadas a pedido del Gobierno.

Es notable que incluso la Oficina Anticorrupción, encargada de velar por la ética y la integridad en la gestión, dependa en gran medida de ACARA para su funcionamiento: muchos de sus empleados son contratados a través de esta entidad.

A pesar de la controversia sobre la contratación de trabajadores privados en el sector público, esto puede tener un doble impacto negativo en las finanzas públicas: según fuentes oficiales, ha habido casos de personal despedido que recibió indemnización tanto de ACARA como del Estado.