Nota extraída de TN por Luciana Geuna

Detrás de la muerte de Daniel Barrientos, hay capas de conflictos superpuestos que combinan el desamparo, la violencia, los narcos, los multimillonarios subsidios al transporte, la inflación y la imposibilidad de hacer que el sistema funcione.

La política lo hizo de nuevo. Cuando el dolor de una familia y de una sociedad es inmenso por un asesinato que tiene atrás una enorme irresponsabilidad del Estado, la política -los políticos- imaginan conspiraciones y hacen foco en sus internas ciegas.

La saga fue casi inmoral esta semana

“Nos tiraron un muerto”, dijo Berni; Kicillof unió un spot de Patricia Bullrich con el atentado a Cristina y puso el robo al colectivo de la 620 en calificación de “asalto a un blindado”. Aníbal F. ninguneó a Kicillof por esta frase y al rato el jefe de asesores Carli Bianco -que es lo mismo que decir Kicillof- remató el día con esta chicana: “Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, podría ser Alberto Fernández presidente y Aníbal Fernández gobernador. Los Fernández sería la fórmula. Fórmula ganadora”.

A esta hora, la Casa Rosada intenta frenar esta grosería. Daniel Barrientos está muerto. Le quedaban 19 días para jubilarse. Vivía a 1 km del lugar donde lo mataron. Si la madrugada del lunes llovía más fuerte, él ni siquiera hubiera ido a conducir los colectivos que manejaba desde hace 32 años porque le sobraban francos y los usaba mucho últimamente. Daniel es el cuarto chofer masacrado por la inseguridad en el conurbano bonaerense en casi seis años.

Detrás de la muerte de Barrientos, como una explosión que ahora es imposible negar, hay una foto muy actual y muy cruda de cómo estamos: capas sobre capas de conflictos superpuestos que combinan el desamparo total de la gente, la violencia arriba y abajo de los colectivos, los barrios de trabajadores los narcos y otra vez: los multimillonarios subsidios al transporte, la inflación y la imposibilidad de hacer que el sistema funcione.

Te pido que hagas el intento de seguir este circuito enredado que te voy a contar ahora y que muestra, como pasó demasiadas otras veces en nuestra historia, lo que todos sabemos: el enorme daño que nos hace el Estado cuando no funciona. Y peor aún, cómo reacciona solo espasmódicamente frente a las tragedias.

Distintos gobiernos llevan 8 años intentando implementar una idea sencilla: poner cámaras de seguridad y botones de pánico para los colectiveros que atraviesan zonas de riesgo. En el medio, cuatro choferes fueron asesinados. Y hay algo más perverso todavía: la ley y su intento de aplicarla sólo se activó después de cada uno de estos crímenes.

Hay 9 mil micros en el conurbano que necesitan estas cámaras. Tienen que tener además un chip 4G para poder transmitir la señal en vivo que debería observarse desde un centro de monitoreo del ministerio de Seguridad. Aún hoy, con Daniel Barrientos muerto, apenas 100 colectivos están conectados en red con cámara de seguridad transmitiendo a un centro de monitoreo que apenas se usa. 1000 micros más tienen las cámaras pero no están conectadas a nada. O sea no las ve nadie. El Gobierno provincial transfirió 2500 millones de pesos en subsidios desde octubre de 2021 a las empresas para este objetivo.

Los otros Barrientos

Carlos Sánchez tenía 41 años, cinco hijos y un nieto. Lo asesinaron manejando la línea 514 en Claypole el 14 de junio de 2017. La ley estaba recién aprobada. Faltaba la reglamentación para implementarla.

El 15 de abril de 2018 fue domingo y Leandro Alcaraz que tenía 26 años, decidió trabajar en su franco para tomarse el lunes libre porque cumplía su hija. También era chofer de la 620. También lo mataron en Virrey del Pino. Dos días después María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo publicaron el reglamento para operativizar la instalación de las cámaras. Empezó un proceso que llevó un año y que dejó un centro de monitoreo con 1200 cámaras funcionando observadas desde el segundo piso del ministerio de Seguridad.

Pablo Flores trabajaba en la 218 el 1 de octubre de 2020 cuando lo fusilaron. Era la pandemia. Del escueto sistema de cámaras ya no quedaba nada. Llevó otro año organizar un nuevo intento de instalarlas y en octubre de 2021 Axel Kicillof firmó el decreto que disponía subsidios aparte para lograr que finalmente hubiera cámaras.

Pero no. “Esa plata la terminamos usando para pagar salarios, comprar combustible. Está muy dificultoso el mantenimiento”, explica José Troilo de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros. “Están debiendo un mes de subsidios, estamos cobrando con precios de gasoil de agosto de 2022″.

En el área metropolitana, viajan 250 millones de pasajeros al mes repartidos en 18.000 colectivos. La cifra de subsidios es cósmica. Esa maraña de plata se distribuye en líneas que solo circulan por Ciudad, otras cruzan Ciudad a Provincia y otras sólo se mueven por el conurbano. Las que sólo se mueven dentro del Gran Buenos Aires insumen 15 mil millones de pesos por mes de subsidios a la provincia. Una cifra similar paga Nación por las otras. El pasajero paga el 15% del pasaje. El otro 85% es plata del Estado. Y habría otra historia más larga -y más oscura- para contar si explicamos la tarjeta SUBE, la recaudación, la organización y la comisión que cobran por administrarla.

Nadie en su sano juicio puede creer que esta enredadera se puede manejar sin coordinación. Por eso, hace diez años se anunció un ente tripartito – con sillas para Nación, Provincia y Ciudad- que jamás se constituyó. Escuchaste bien: jamás se reunieron.

¿Reaccionarán ahora?