Nación accionó ante la Justicia por casos de violencia policial, tras polémico decreto de Sáenz

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Presentan un hábeas corpus ante las numerosas denuncias recibidas por la Secretaría de DDHH nacional durante la cuarentena, tras el decreto provincial que otorga más facultades a la Policía.

Ante las numerosas denuncias de abusos de la autoridad y excesos en el accionar policial de Salta, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, conjuntamente con el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski, presentaron ante la Justicia de la provincia una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo a favor de los salteños.

Según informaron desde de la dependencia nacional, entre las numerosas denuncias recibidas se cuentan casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el Decreto provincial N° 255/2020, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz a principios de la cuarentena con el fin de evitar la propagación del Covid-19. Pese a las demandas judiciales sobre inconstitucionalidad y las advertencias de las organizaciones de Derechos Humanos de Salta sobre la vulneración de los derechos y garantías de los ciudadanos, el decreto se implementó, no tuvo tratamiento parlamentario y se convirtió automáticamente en ley el pasado martes.

Ahora, los funcionarios nacionales advierten que los hechos descriptos en la presentación judicial no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la Policía y de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud”.

Por tal motivo, la Secretaría solicitó la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Provincial N° 255/2020 y se ordene al Gobierno de Sáenz a adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, y a abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos.