El juez Orlando Díaz resolvió que los acusados por el fallecimiento de “El Diez”, entre los que figuran Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, sean sometidos a juicio, por considerar que sabían del delicado estado de salud del ex futbolista y que no actuaron correctamente para evitar su deceso.

A más de un año y medio del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el juez de garantías de Tigre, Orlando Díaz, decidió elevar a juicio la causa por su muerte, un proceso que podría realizarse entre fines de 2023 y principios de 2024.

Entre los acusados figuran Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

En su resolución, el juez Díaz sostuvo que “la conducta que cada uno de los incusos habría desplegado, no cumpliendo con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas, cuando debo insistir una vez más, tenían conocimiento de la situación de riesgo para el bien jurídico, la posición de garante que ocupaban y la posibilidad cierta de actuar, habría abastecido el dolo exigido por la figura del artículo 79 del Código Penal, en el caso bajo la formulación de dolo eventual”.

El magistrado mencionó que hubo en ellos una “ausencia de interposición de acción salvadora alguna que pudiera evitar el deceso” y una “aceptación interna de los encausados del eventual acaecimiento del resultado finalmente producido”.

Y agregó: “Cada uno de los incusos, desde el lugar que concretamente ocupaban en la configuración global del evento en trato, habrían ejercido el codominio del hecho, decidiendo acerca de su acontecer integral, a partir de los aportes por cada uno de ellos introducidos en el desenlace fatal, esenciales todos para la concreción del resultado alcanzado”.

De esta manera, el magistrado avaló la hipótesis del equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, quien acusó a los imputados como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”.

En los argumentos esgrimidos, se sostuvo que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, que sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo. La pena prevista rondaría entre los 8 y 25 años.