La reciente decisión del gobierno nacional de implementar un esquema de renuncia opcional al subsidio en el transporte público, Claudio Mohr, presidente de SAETA (Sociedad Anónima del Estado Provincial de Transporte Automotor), compartió su visión sobre esta medida y sus posibles repercusiones en Salta.

A su juicio, esta medida busca destacar ante la población el verdadero costo de un boleto y el aporte del Estado en mantener tarifas accesibles en el AMBA, donde el transporte es altamente subsidiado. “Es una forma de poner en vista de la gente cuál es el costo real de un boleto ante la propuesta de algunos candidatos”, expresó.

Mohr destaca que SAETA recibe un subsidio nacional que cubre el 15% de los costos de operación del transporte en el área metropolitana, mientras que la provincia aporta el 60%, con el resto proveniente de la venta de saldos.

En ese sentido, subrayó la importancia de mantener una tarifa baja para evitar que el transporte público se vuelva prohibitivo para la mayoría de la población y destaca que en la provincia de Salta, estudiantes, jubilados y personas con discapacidad viajan de manera gratuita.

Sin subsidios, explicó que el boleto saldría 700 pesos, lo que lo convertiría en prohibitivo para la gente. «Sería prácticamente selectivo”, aseguró.

En cuanto a la posibilidad de que las provincias consideren la renuncia opcional al subsidio, tal como lo sugirió el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, Mohr afirma que aún no se discutió esta opción en SAETA. «Hasta la fecha, no hubo conversaciones», dijo.

En ese sentido, advirtió que si se permite que el mercado regule completamente el transporte público, las tarifas podrían elevarse significativamente, lo que podría afectar la cantidad de pasajeros que pueden permitirse viajar y el mantenimiento de la calidad del servicio.

Mohr concluye que, si bien el mercado puede funcionar bien en algunas actividades, existen áreas, como la educación y la salud, donde el mercado no necesariamente puede proveer soluciones adecuadas. En estos casos, la intervención del Estado es esencial para garantizar que las necesidades de la población se cumplan de manera eficiente.