Uno de los mayores tenedores de deuda argentina lamenta la “mala fe” del gobierno para negociar

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Robert Gibbins, fundador y director de Autonomy Capital, denunció un «flagrante abuso de la arquitectura financiera internacional para adaptarla al propósito específico de Argentina» Autonomy Capital, uno de los mayores tenedores internacionales de bonos argentinos está pidiendo mayor protección a los inversores para cuidarlos del “fragrante abuso” de sus términos. Esto demuestra la falta de confianza que entorpece las negociaciones vinculadas al noveno default soberano del país.

Robert Gibbins, fundador y director de inversiones del fondo, le dijo a Financial Times que “cualquier bono nuevo debe emitirse con parámetros legales que brinden a los tenedores mayor margen para bloquear un acuerdo difícil de aceptar”.

Tenemos varias cuestiones acá que muestran un flagrante abuso de la arquitectura financiera internacional para adaptarla al propósito específico de Argentina“, afirmó. Además, dijo que si el Gobierno “quiere una oferta sostenible, no debería tener ningún problema en aceptar… volver a los documentos que son menos fáciles de abusar mediante una manipulación de mala fe”, agregó.

Lo que discute Gibbins es el enfoque de Argentina en cuanto al manejo de la votación, que comprende a las denominadas cláusulas de acción colectiva (CAC) que determinan cuánto apoyo de los acreedores necesitan los gobiernos para cambiar los términos de un bono: estas estiupulan que si más del 75% de los acreedores vota a favor de una reestructuración, todos los titulares de bonos deben aceptar el acuerdo. Argentina emite bonos conforme a esos términos desde 2016, pero los bonos emitidos en 2005 y 2010 que han sido reestructurados con anterioridad requieren un mayor porcentaje de aprobación.

Ahora, Gibbins afirma que el Gobierno está “haciendo un uso indebido de las CAC en cada paso” del proceso y amenaza con excluir de las votaciones a determinadas series de bonos, incluso una vez emitidos los votos, para asegurarse de que se alcanzan los umbrales para que sea aprobado el acuerdo.

La gente se ve obligada o se la amenaza con una situación desventajosa si no aceptan la posición del gobierno“, aseguró Gibbins.

La firma de Gibbins forma parte del grupo de bonistas más grande del país, que incluye a BlackRock, Fidelity y T Rowe Price entre sus miembros. Están pidiendo volver a los términos legales de 2005, entre otras exigencias.

El ministro de Economía Martín Guzmán se niega diciendo que sería deshacer “los avances que se hicieron en los últimos años en cuanto al lenguaje contractual”.

Créditos: El Cronista