Según nuevos descubrimientos, el troyano que se utilizó para intentar espiar al fiscal salió de la misma dirección de IP que dos malwares enviados a su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, y a Antonio Stiuso.

A ocho años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, comenzó a aclararse uno de los cabos sueltos que había quedado en la investigación: el programa “troyano” que había llegado al mail de Nisman para espiarlo antes de que presentara su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner salió del mismo lugar que luego usaron dos funcionarios kirchneristas de Entre Ríos acusados de espionaje al ex agente de la AFI Antonio Stiuso y a la ex mujer del fallecido, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Los funcionarios, Pablo Palá, director de Informática del Gobierno de Entre Ríos desde el 2012, y Alexis Lesa, miembro del área de Cómputos del Tribunal de Cuentas de la misma provincia, fueron procesados por la Cámara Federal por “realizar acciones de inteligencia prohibidas”, un delito que tiene de 3 a 10 años de prisión.

Ambos imputados actuaron desde la ciudad de Paraná, y, en el año 2015, en el que el fiscal fue hallado muerto, militaban con el entonces gobernador kirchnerista Sergio Urribarri, quien luego sería embajador argentino en Israel entre el 2020 y el 2022.

Urribarri fue relevado de su puesto luego de ser condenado a 8 años de prisión por corrupción, un fallo que la Cámara de Casación de Entre Ríos dejó firme este año. Había generado polémica, ya que tardó varias semanas en acatar la orden de la Cancillería para dejar su puesto y regresar al país. Además de esta condena en su contra, el ex gobernador está siendo investigado por no haber podido justificar 9 millones de dólares de su patrimonio.

El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, muy cercano a Cristina Kirchner

El dato de que el dispositivo para espiar a Stiuso y a Arroyo Salgado fue el mismo que el empleado de donde antes se envió el mail para hacer lo mismo con Nisman fue confirmado por fuentes judiciales a Clarín.

Cabe recordar que, luego de ser encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero, con un balazo en la cabeza, el 18 de enero del 2015, los peritos informáticos hallaron en su teléfono celular un programa de los denominados “troyanos” que le había llegado al fiscal a través de un mail enviado a su casilla de Yahoo!.

Los “troyanos” son virus que permiten que quien los envía accedan a todos los archivos del receptor, si bien, en el caso de Nisman, no fueron activados, ya que el mensaje estaba diseñado para “apoderarse” de los archivos que funcionaran bajo los sistemas operativos Windows, Linux o Mac, y el teléfono de Nisman operaba con Android.

Los investigadores siguieron la pista del archivo y llegaron a una dirección de IP (es decir, una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local) publicada en Paraná, en la calle Urquiza al 1700. La jueza Fabiana Palmaghini no había autorizado a la fiscal, Viviana Fein, a allanar este lugar: sólo permitió que dos agentes de la Policía Metropolitana viajaran a Entre Ríos para observar los movimientos en el lugar durante una semana. Allí, ya habían surgido los nombres de Palá y Lesa y sus vinculaciones con el gobierno de Urribarri, pero la averiguación no pasó de ahí.

El usuario que se entró para ingresar desde el área de Contrainteligencia de la AFI, en ese momento a cargo del diputado ultra-K Rodolfo Tailhade, a Migraciones, y pedir los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado sin tener orden de ningún juez, aparece en la causa como WML, y lo hizo desde la misma IP en la que antes habían enviado el troyano para espiar a Nisman.

Las delegaciones de Inteligencia en el interior del país eran manejadas por Fernando Pocino, el agente vinculado al kirchnerismo que apareció manejando a decenas de espías que trabajaron en la calle el mismo día en que Nisman estaba muerto, pero en el que aún nadie lo sabía.

Profundizar sobre este dato podría llevar a la Justicia a confirmar si el gobierno de Cristina Kirchner había ordenado espiar a Nisman en los días anteriores a su muerte. Esto se agrega a las más de sesenta declaraciones de los espías que estuvieron activos cuando Nisman fue hallado muerto, en las que al menos dos directores del organismo informaban al poder político sobre las escuchas que iban revelando el entramado de conversaciones que luego usó Nisman para denunciar al Gobierno por proteger a los terroristas de la AMIA.

Por otra parte, Oscar Parrilli había emitido una orden ilegal, ya que no había sido pedida por ningún juez, a los espías de vigilar la fiscalía de Fein mientras investigaba la muerte de Nisman. El funcionario podría ser indagado por eso cuando pierda los fueros parlamentarios.

Sobre el espionaje a Nisman, la Justicia ya había determinado que la contraseña de la red inalámbrica de su departamento de Puerto Madero era cinco veces la secuencia 1-2, una clave extremadamente débil, que, junto con la mantención del usuario y la clave predeterminados de los controles de acceso para administrar la configuración del router, hacían muy fácil que cualquier persona con conocimientos básicos pudiera entrar sin problemas al router de Nisman y, desde allí, controlar todo el contenido conectado a esa red.

El responsable de este manejo era Diego Lagomarsino, técnico informático y dueño del arma que se encontró en la escena del crimen, que está procesado por ser partícipe necesario de la muerte del fiscal. En su casa, se secuestró un disco compacto con dos informes relacionados a la denuncia que Nisman hizo contra Cristina Kirchner, pero los archivos fueron ejecutados los días 11 y 12 de enero de 2015, dos y tres días antes de que el fallecido presentara su denuncia, cuando ésta era desconocida salvo para aquellas personas de su mayor confianza.

Diego Lagomarsino, procesado por ser “partícipe necesario” de la muerte del fiscal

En el celular de Lagomarsino, también se hallaron fotos de un pizarrón de la fiscalía donde se dibujaban líneas investigativas del ataque a la AMIA. Por último, se comprobó que el último acceso remoto registrado de Lagomarsino a la computadora de Nisman fue el 14 de enero, justo el día en que el fiscal fue a denunciar a Cristina a Comodoro Py. Se puede comprobar, entonces, que el fiscal le mostró su denuncia después de presentarla. Si hubiera sabido que Lagomarsino ya había accedido a ella, ¿para qué dársela de nuevo?

De acuerdo con los funcionarios entrerrianos recientemente procesados, en la actividad privada se dedican a comercializar servicios de Internet, por lo que habían traspasado la IP que los compromete a terceros. Sin embargo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah no les creyeron, y les atribuyeron directamente “actos enmarcados en conductas caracterizadas por la clandestinidad y el secreto”.

Asimismo, los magristrados afirmaron que “hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos”. Irurzun y Farah creen que Palá y Lesa fueron parte de un espionaje ilegal organizado y cometido por cuadros políticos de uno de los gobernadores más fieles a la entonces presidente, denunciada por el fiscal al que buscaban espiar.