Son iniciativas que quiere impulsar el Ejecutivo en línea con la idea de que se arancelen los estudios universitarios a los no residentes y la privatización de Aerolíneas.

Luego de oficializar la intención de que los extranjeros no residentes paguen por su educación en las universidades públicas y privatizar Aerolíneas, el Gobierno de Milei quiere pisar el acelerador en estas cuestiones, es decir, busca profundizar su orientación a que el estado deje de subsidiar a personas físicas no radicadas en el país y, a su vez, se desprenda de empresas públicas que son deficitarias, tocando por un lado el delicado tema de la atención en hospitales públicos a extranjeros y una nueva privatización, este caso de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA).

Extranjeros y hospitales públicos

Respecto a la atención en hospitales públicos a extranjeros, algo en lo que ya venia trabajando el Gobierno, el jefe de gabinete Guillermo Francos dijo hoy que “Tenemos que ser justos con los argentinos a los que le debemos dar todos los servicios que se puedan y a los extranjeros abrirles las puertas, pero que se hagan cargo del costo de su educación y de su salud, porque hemos sido muy generosos” y fue más allá: “Si estamos viviendo en un país con 53% de pobres y los chicos en 70% de pobreza, ¿es justo que estemos dando servicios a extranjeros cuando no podemos asistir a los propios? Tenemos que ser más conscientes. El tema se está analizando y vamos a hacer una propuesta concreta”.

Si bien el arancelamiento a extranjeros ya es una realidad en el sistema de salud pública de varias provincias, el Gobierno busca darle un marco nacional y unificado a esta tendencia. Jujuy fue la última provincia en sumarse a los distritos que ya comenzaron a cobrarle a los extranjeros. Ya lo hacían Salta, Mendoza y Santa Cruz, y lo evalúan en Río Negro. Salta fue la primera provincia en tomar la decisión de cobrarle a los extranjeros, en marzo pasado y a través de un DNU que exige el pago por atenciones sanitarias a extranjeros con residencia transitoria o precaria en los hospitales de la provincia. Sin embargo,la atención de urgencias y emergencias sigue siendo gratuita para todos, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

Posible privatización de AySA

En cuanto a la intención de privatizar AySA, el Ejecutivo tiene planeado desprenderse en marzo del paquete accionario de la empresa. En ese marco, evalúan ponerla en licitación o bien lanzarla a la bolsa para que el mercado financiero fije su valor. La excusa del Gobierno de Milei es que se encuentra en un estado de balance deficitario con perdidas que, en el presente año, alcanzaron los 70 millones de pesos. Además, hubo ya unas 1314 desvinculaciones.

El desprendimiento de la compañía sería, en principio, parcial. Es decir, para empezar quieren deshacerse de una parte del 90% del capital que controla. El 10% restante es del personal de la empresa. A propósito, en el sector sindical manifestaron su interés en mantener ese porcentaje y la participación del personal en el directorio. También expresaron su preocupación por los planes que tiene el Ejecutivo respecto al futuro de AySA y en cómo se brindará el servicio del agua ya que consideran que el mismo constituye un “derecho universal”.

El telón de fondo detrás de la potencial privatización son los números de la empresa pública: con más de 70 mil millones de pesos en rojo acumulados solo en 2024, AySA se subió al podio con la bronce en materia de malos resultados financieros, pues tiene un déficit general que asciende a los 384 mil millones de pesos. Asimismo, desde el Gobierno ubican a la compañía como un mal ejemplo ligado al uso político que se puede hacer del estado por medio de la creación de cargos y ubicación de personal por intereses partidistas que no obedecen a necesidades reales, en relación a la gestión llevada a cabo por Malena Galmarini, la esposa del ex ministro de Economía y candidato presidencial por el peronismo en las elecciones de 2023.