Es investigado por defraudación al estado al pagar sobreprecios en la compra de derechos televisivos

La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó los sobreseimientos del ministro de Seguridad Anibal Fernández y otros 18 imputados en el caso conocido como el capítulo argentino del FIFAgate, y encomendó al juez de primera instancia Daniel Rafecas a seguir investigándolos por el presunto cobro de coimas en el marco del programa Fútbol para Todos.

Junto a Fernández, también deberán volver a ser investigados exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto por defraudación al estado: están bajo sospecha por estafa en las operaciones de compra de los derechos de trasmisión de ocho campeonatos adquiridos a Torneos y Competencias con plata del plan Fútbol Para Todos. El monto del delito asciende a más de 33 millones de dólares.

La resolución que ordenó la reapertura fue firmada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; todos apuntados por el kirchnerismo que busca que sean removidos de sus cargos, tras ser trasladados allí durante la presidencia de Mauricio Macri.

La resolución de la Cámara responde a la apelación del fiscal Pollicita a la decisión del juez Rafecas, quien había dictado el sobreseimiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, de Pablo Paladino, ex coordinador del programa Fútbol para Todos y del ex vicegobernador Gabriel Mariotto. El planteo incluía a Juan Manuel Abal Medina y a otros once empresarios involucrados.

La resolución, a la que accedió Clarín, sostiene: “La actividad orientada a dilucidar lo acontecido no ha sido suficiente, y que pese a existir concretos cursos instructorios como los propuestos por el acusador público, se arribó al pronunciamiento que se examina anclado en una sesgada interpretación de sus constancias”.

En ese sentido entendieron que el juez Rafecas “dejó de lado varias cuestiones que forman parte de esta investigación, limitándose en su análisis a la ponderación de la alegada imposibilidad de los peritos de asignarle un valor de mercado a los derechos televisivos investigados, construyendo detrás de eso la estructura de su solución definitiva”.